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¿En qué sociedad deseamos vivir y en qué sociedad queremos que vivan nuestros niños?

Damián H. Cuesta

Articulo publicado por la revista crítica de ciencias Jurídicas y Sociales, Nómadas. Editada por la Universidad Complutense de Madrid, 2009 1/1

Días atrás, Alastair Darling, ministro de finanzas británico, en un esfuerzo por justificar las líneas políticas que los poderes públicos europeos, con sus más y sus menos, están dispuestos a ejecutar para aliviar las tensiones producidas en los mercados financieros, hizo la siguiente declaración: “Es vital que los gobiernos aseguren que sus sistemas bancarios se recapitalicen y presten el dinero que necesite la economía real”. Evidentemente, con este término se está refiriendo a las economías domésticas y a las de las pequeñas empresas, ya que el otro capital, el financiero, supuestamente ficticio e incapaz de crear, prefiere esperar dentro de su lujosa madriguera por nuevas raciones de tarta, lo suficientemente suculentas como para poder proseguir con su nerviosa actividad especulativa en los mercados imaginarios.

Una vez más, la respuesta del poder político pasa por coger el dinero de todos e inyectarlo en los espacios privados del mercado, ante la mirada atónita y resignada de la mayoría de ciudadanos, a quienes, en el mejor de los casos, las amenazas de un inminente derrumbamiento del sistema capitalista, les importa un comino.

En los EEUU, el plan de rescate ha superado los 1000 millones de euros, y sólo es el comienzo. Personalmente, no estoy seguro de que los 9 millones de familias sin cobertura sanitaria que existen en los EEUU, no tengan nada que decir al respecto. Del mismo modo que tampoco soy capaz de imaginar el resentimiento que en estas personas debe de producir saber que, mientras sus hijos no podrán recibir asistencia sanitaria por carecer de medios económicos, el señor Henry Paulson, Secretario del Tesoro de EEUU, y coautor del famoso plan de rescate, en los últimos meses perdía en bolsa 300 millones de dólares, sólo 1/3 de sus inversiones personales.

Algunos economistas, como el recién nombrado Nobel de economía, Paúl Krugman, justifican la aprobación de dichos fondos por el congreso de los EEUU, siempre y cuando, tratándose del dinero del contribuyente, éste tenga sus contrapartidas. No quiero detenerme ahora a comparar puntos de vista divergentes acerca de las causas que están detrás del colapso del sistema financiero, sólo quiero dejar constancia de mi predilección por el análisis que recientemente ha realizado sobre este asunto el académico y analista político, Walden Bello. Y en cualquier caso, no creo que exista argumento mínimamente razonable, capaz de justificar moralmente estos hechos de la desigualdad.

.Un contexto social inexcusable 

En cambio, sí parece razonable pensar que un sistema productivo en régimen de propiedad privada, capaz de súper-producir prescindiendo del trabajo humano, por razones obvias, no sea posible. Especialmente si tenemos en cuenta que los sistemas tributarios con que sostenemos los beneficios de nuestra sociedad de bienestar, dependen fundamentalmente de los salarios y de las rentas del trabajo, y no tanto del capital, origen de la súper-productividad y único receptor final de los beneficios. 

En un extremo de nuestra sociedad, y más allá de lo meramente anecdótico, aquellas declaraciones que la multimillonaria, Leona Helmsley, realizara en el pasado: "Nosotros no pagamos impuestos. Sólo la gente corriente los paga", viene a explicar por qué de los 1500 ciudadanos españoles que, según el informe publicado por el banco de inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, ingresan cantidades superiores a 24.000.000 de euros al año, la agencia tributaria tan sólo tiene registrados 65.

En el otro extremo están los más de 13 millones de ciudadanos de la Unión Europea que dependen del programa de ayuda alimentaria, y cuya cifra se prevé que aumente a más de 43 millones de personas, debido a las subidas del precio de los alimentos en los mercados internacionales; los más de dos millones de familias españolas que viven bajo el umbral de pobreza; los tres millones de ciudadanos que, trabajando, perciben el salario mínimo interprofesional; el 34,2%, más de 7 millones de trabajadores que ingresan entre 1100-1200 euros mensuales; los 4.010.000 ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo, ect. Es decir, aquella parte de la ciudadanía que durante los años 90, gran número de políticos agrupaba bajo el concepto de “clase inferior”, y que hoy, por razones de tacto, prefieren denominar truly disadvantaged, los “verdaderamente desfavorecidos”.

Antes ya del presente debacle financiero, aquellas personas a quienes las ayudas sociales apenas les ayudan a sobrevivir bajo el umbral de la pobreza, y muy especialmente las mujeres, con toda una vida constreñida al desempeño de trabajos domésticos y al mantenimiento familiar, ya venían padeciendo su “particular” calvario, una crisis más honda y coactiva de las libertades fundamentales. Mientras sus derechos políticos y civiles les son reconocidos a bombo y platillo, al menos en calidad de votantes, sus derechos económicos y sociales han sido anulados, negándoles la oportunidad de realizar un plan de vida propio, como ciudadanos con plenos derechos y en igualdad de oportunidades.

La renta básica. Una utopía al alcance de la mano

Recordando al sociólogo francés, Pierre Bourdieu, es posible que hoy debamos volver a hacernos la misma pregunta que hace 13 años ya planteara el movimiento social de noviembre de 1995: ¿En qué sociedad deseamos vivir y en qué sociedad queremos que vivan nuestros niños?

El filósofo y economista político, Philippe Van Parijs, en su obra Libertad real para todos, parte de la teoría de la justicia de John Ralws, para desarrollar la justificación política de lo que en nuestro país conocemos como la renta básica de ciudadanía, definida como “el ingreso que cada ciudadano de pleno derecho recibiría de la sociedad a través del estado, quiera o no trabajar de forma remunerada, sea rico o pobre, e independientemente de las otras posibles fuentes de ingresos, y sin importar con quién conviva”.

Siguiendo a Martha C. Nussbaum, previamente a toda justificación política, hemos de confrontar sus argumentos teóricos con nuestras intuiciones morales. En su día, la justificación política del sufragio universal se confrontó con las intuiciones morales de una época. El sufragio universal, no sin dificultades, resultó vencedor, y aun hoy sigue propagándose por el mundo. Del mismo modo, durante la primera mitad del siglo XX, la justificación política de los derechos humanos se confrontó con el sentido de la dignidad humana, uno de los ‘puntos fijos’ de nuestras intuiciones morales, resultando de aquel conflicto la aprobación en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hoy poseemos la capacidad de producir y distribuir la riqueza común de tal manera, que todo ciudadano, condición adquirida en el momento mismo de nacer, tenga garantizados sus derechos económicos y sociales fundamentales. Pero, retomando a Martha C. Nussbaum, un proyecto político democrático necesita de estrategias de implementación política democrática, sometiéndose necesariamente a las deliberaciones de un parlamento democráticamente elegido.

La renta básica de ciudadanía, que surge para dar respuesta a la necesidad de asegurar la suficiencia material que garantice a todo ciudadano la oportunidad de auto-realizarse, haciendo de esta oportunidad de auto-realización un derecho constitutivo de ciudadanía, no es una propuesta nueva en el Parlamento. Es cierto, desde hace algunos años viene siendo discutida en el Congreso, aunque con escasa o ninguna publicidad, a pesar de la trascendencia que tendría una medida semejante, no sólo por las consecuencias a corto plazo, reduciendo considerablemente la desigualdad social, sino también a largo plazo, porque se producirían transformaciones culturales únicamente comparables a las producidas en las sociedades modernas tras la implantación del sufragio universal.

Un proyecto de este tipo, evidentemente, no cuenta con las medidas de presión, tan poco democráticas, de las que se vale el poder económico para influir en la toma de decisiones del poder político. Ni mucho menos quiero dar a entender que éste sea el principal motivo por el cual, el pasado año, 2007, por segunda vez y por mayoría parlamentaria, la renta básica de ciudadanía fuera rechazada en el Congreso. Sólo quiero decir, que su capacidad de persuasión, democrática, como tantos otros proyectos de corte social que buscan incrementar la libertad real de los ciudadanos, más allá de los bonitos discursos, sólo vendrá de la mano de la paciencia y, por supuesto, de la deliberación pública.

Por tercera vez, la Renta Básica de Ciudadanía pisará las arenas políticas del Parlamento. El pasado 6 de mayo, la mesa de la Cámara volvió a acordar la aprobación de una nueva propuesta para la creación de una subcomisión, con el fin de elaborar un informe sobre la viabilidad económica de la Renta Básica de Ciudadanía. Posiblemente no será la última. Soñar resulta esencial para la vida. Aunque en ocasiones resulte tan extraño como imaginar al señor Cristobal Montoro diciendo algo así como: Es vital que la sociedad asegure a cada ciudadano los medios necesarios que garanticen su libertad real. Antes de dar luz verde, en nombre de su partido, a la Renta Básica de Ciudadanía.

Damián H.Cuesta

Oviedo 2009

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